Representantes de estas 71 familias han venido denunciando que entidades bancarias y crediticias ubicadas en la región bajo el pretexto de apoyar el desarrollo ofrecen acceso a crédito a los jefes de familia y en su mayoría a las mujeres sin explicar las condiciones en las cuales otorgan los créditos. Para conseguir sus propósitos realizan campañas ofreciendo créditos fáciles, no realizan ningún tipo de investigación sobre la capacidad de pago y posteriormente actúan judicialmente ordenando embargar los bienes; no dan ningún tipo de asesoramiento, cuando se trata de créditos para la inversión productiva y no hacen ninguna investigación previa de deudas ya contraídas con otras instituciones.

Quienes han optado a un crédito han tenido que firmar los contratos sin entender su contenido, adquiriendo con ello una serie de compromisos que los obliga ante la entidad, entre otras cosas a dejar en calidad de hipoteca prendaria sus bienes. Al verse agravada su situación con una entidad bancaria por no tener la capacidad de amortizar y cancelar los créditos los afectados acuden a otra con tal de salvar sus compromisos con la primera, y luego con la segunda, de tal manera que han caído en círculo vicioso que les apremia y les ha puesto en una situación de endeudamiento insostenible.

En sus denuncias los afectados indican que por las condiciones de pobreza en las que se encuentran inmersos, la falta de capacitación, asistencia técnica, desarrollo y mercado, el endurecimiento de las medidas migratorias para quienes toman la decisión viajar hacia los Estados Unidos o son deportados y el desempleo agudizado se encuentra prácticamente en manos de las entidades de crédito al no poder cumplir con los plazos establecidos. Los afectados han manifestado que quieren cumplir con sus compromisos pero que es importante renegociar las condiciones. Sin embargo no son escuchados y hoy están a punto de que se embargue sus bienes y esta circunstancia ha derivado en inestabilidad al verse afectados por enfermedades derivadas de la situación al punto que muchos y muchas incluso han llegado a pensar hasta en el suicidio.

Al considerar la situación de estas 71 familias denunciamos los abusos que se ha cometido contra ellas aprovechándose de su situación de pobreza, analfabetismo, y marginación y sobre todo porque sus derechos humanos están en riesgo de ser afectados en los fundamental. A pedido de los afectados hacemos pública la denuncia y solicitamos a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Paz, FODIGUA y al gobierno de la República investigar la delicada situación de estas familias ixiles y tomar cartas en el asunto para proteger y hacer valer los derechos humanos que como habitantes del país le son propios.


Guatemala, 8 de diciembre de 2008