A pesar de la gravedad del conflicto el Estado, en relación a crear las condiciones que permitan encontrar una salida pacífica y negociada, ha estado ausente. Sin embargo sí ha pretendido encararlo por medio del uso de la fuerza movilizando a la policía y al ejército en magnitudes solo observadas durante la guerra y poniendo a funcionar de manera diligente y parcial las instituciones encargadas de la persecución penal en contra de los dirigentes y de las propias comunidades. La implantación del Estado de Prevención es otra acción más que sigue dando forma a este tipo de actuación que de suyo pretende ignorar salidas justas al contrarrestar, con la medida, las posibilidades de las comunidades afectadas de hacer escuchar su voz y de poner a luz sus argumentos.

Con la implantación del Estado de prevención el gobierno ha privilegiado la fuerza y ha decidido intervenir tardíamente, muy bien pudo desde que tomó posesión promover una mesa de diálogo sentando a todos los actores en igualdad de condiciones. Hoy las consecuencias, por sus efectos, son irreversibles para las comunidades en tanto no permitirán una salida justa y respetuosa de sus derechos. Por lo anteriormente expuesto:

Expresamos nuestro más enérgico rechazo a la medida del gobierno de implantar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, por considerarla una forma fácil e inapropiada de encarar el conflicto. Asimismo por los efectos lesivos que la implantación de una medida de este tipo tiene para la democracia y en tanto no es la forma, en tiempos de paz, de garantizar la gobernabilidad. La decisión gubernamental de establecer el Estado de Prevención es contraproducente y constituye una vez más, el irreconocimiento del Estado a los procesos sociales y la criminalización de la protesta ciudadana por lo que exigimos al Presidente Alvaro Colom una actitud responsable y seria, dando marcha atrás a esa decisión política incorrecta e injusta

Demandamos del Ministerio Público que investigue con objetividad e imparcialidad los hechos de violencia sucedidos en el municipio. Que responsablemente proceda y evite de entrada relacionar los hechos con las demandas legitimas de las comunidades respecto a la construcción privada de una cantera para la extracción de minerales y a la operación de una planta para la producción de cemento. Qué acuse con fundamentos y que en la investigación observe los derechos indígenas en materia del uso del idioma y de las tradiciones comunitarias.

Guatemala, 24 de junio de 2008