Lo más grave es que ha habido pérdida de vidas humanas y tan solo ese hecho debió haber obligado a buscar soluciones por la vía pacífica sin que eso signifique renunciar a los derechos que se alegan. Entre estas pérdidas de vidas está la del señor Francisco Tepeu Pirir acaecida en circunstancias poco claras en la madrugada del domingo 22 de los corrientes. Cada acto dirigido a cegar una vida humana debe de ser condenado por cuanto es contrario a los principios de convivencia y es manifestación de barbarie.

Ante la gravedad de los hechos y la muerte violenta del señor Francisco Tepeu Pirir hemos expresado personalmente al Fiscal General de la República que es fundamental que se investigue con objetividad e imparcialidad este acto reprochable. Asimismo que se proceda responsablemente evitando de entrada relacionar estos actos con las demandas legitimas de las comunidades respecto a la construcción privada de una cantera para la extracción de minerales y a la operación de una planta para la producción de cemento.
Nuestro planteamiento encuentra razón en que hay manejos inapropiados tanto desde el punto de vista de la información como en el de la persecución penal misma, al punto que sobre los habitantes de las comunidades implicadas hoy pesa el estigma de la violencia.

La importancia de una investigación a fondo, profesional e imparcial radica, primero en encontrar a los verdaderos responsables, tanto los materiales como los mediatos, esto contribuirá a desentrañar la procedencia y las verdaderas motivaciones de la violencia. Segundo, ayudará a despejar el camino para establecer el diálogo razonado sobre bases de confianza. El más elemental sentido común indica que por el nivel del conflicto no se debe desechar ninguna línea de investigación porque las dudas recaen sobre todas las partes y que esa es una circunstancia que al momento no permite delinear un
proceso de entendimiento.

Al condenar los hechos de violencia expresamos que ninguna muerte se justifica ni debe quedar en la impunidad provenga de donde provenga puesto que sobre todas las cosas se debe imponer el respeto a la vida, la convivencia en armonía y el diálogo. Sin embargo, como ya lo expresamos, es fundamental que el ente investigador del Estado y los tribunales mismos actúen con transparencia y con responsabilidad por cuanto con ello despejarán las dudas sobre su parcialidad en todo su actuar en el ámbito del conflicto.