A la vez manifestamos a la opinión pública nacional e internacional:

Que los Pueblos Indígenas somos los custodios de nuestros territorios con mayor diversidad biológica en el mundo, tenemos y luchamos por mantener gran parte de la diversidad lingüística y cultural, nuestros saberes han sido y continúan siendo un patrimonio invaluable para la vida de toda la humanidad. Los Pueblos indígenas aportamos en la economía nacional con la producción agrícola para la subsistencia, garantizando de esta manera nuestra soberanía alimentaria y con la producción textil especialmente elaborada por las mujeres.
No obstante en pleno siglo veintiuno continuamos siendo víctimas de la exclusión, discriminación, racismo, y seguimos sufriendo una perversa marginación, pobreza extrema, desempleo y criminalización de nuestras demandas de parte del Estado.
 

DENUNCIAMOS:

Al Estado por la permanente violación de nuestros Derechos Individuales y Colectivos, garantizados en los instrumentos jurídicos y políticos nacionales e internacionales. Principalmente por las concesiones a las empresas mineras, hidroeléctricas y petroleras, la falta de políticas públicas, criminalización de las luchas de nuestras organizaciones y nuestros pueblos, la existencia de presos políticos, ordenes de captura a líderes y lideresas de las comunidades y pueblos, las ejecuciones extrajudiciales, por parte del Estado y los gobiernos de turno.
Al Estado por el evidente incumplimiento de las demandas a favor de Pueblos Indígenas establecidas en los Acuerdos de Paz, específicamente en el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Reflejados en la actual crisis Institucional, que no garantiza en lo mínimo los derechos, y genera condiciones que favorece la violencia y la impunidad.
Al Estado por la continuidad del proyecto de muerte hacia lo territorios indígenas, que vivieron el genocidio, en donde actualmente se implementan los megaproyectos, por parte de las empresas nacionales y trasnacionales en contubernio con el actual gobierno.
Al Organismo Legislativo por la falta de voluntad política en la aprobación de la agenda legislativa indígena.
 

EXIGIMOS POR ENECIMA VEZ: A los tres organismos del Estado:

La observancia, respeto y cumplimiento de los Derechos Individuales y Colectivos, garantizados por la Constitución Política de Guatemala, y normas jurídicas y políticas nacionales e Internacionales.
El cese de la exploración y explotación de bienes naturales, hasta que se consulte a los Pueblos y Comunidades en forma previa, informada y de buena fe, y se respete la libre determinación de los pueblos indígenas.
La inmediata aprobación de los anteproyectos de ley y la elaboración de políticas públicas, en pro del desarrollo integral y sostenido de los Pueblos Indígenas.
 

Por la construcción de la unidad en la diversidad:
Las comunidades y pueblos indígenas PRESENTES.


La Coordinación Nacional Indígena Campesina – CONIC –, Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala – COMG –, Consejo

Nacional de Educación Maya – CNEM –, Movimiento de Medios de Comunicación Comunitaria – MMCC –, Fundación Rigoberta

Menchú Tum – FRMT –, Asociación Política de Mujeres Mayas – MOLOJ –, Instituto del Altiplano Marquense – ITAMAR –,

Movimiento de mujeres mayas Tz´ununija, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH –Asociación de

Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.