Pedro García Arredondo, exjefe del denominado " Comando Seis" de la Policia Naciona guatemalteca,  ha sido incluido formalmente en el proceso penal para que se determine su responsabilidad en el asalto e incendio en la Embajada de España en 1980, donde murieron 37 personas. El juez Eduardo Cojulum lo acusa de asesinato y delitos contra la humanidad. La mayoría de las víctimas del suceso eran campesinos que habían tomado  horas antes el edificio para protestar contra la represión ejercida por la dictadura del militar Romero Lucas. El Ministerio Público tiene ahora un plazo de tres meses para presentar la acusación.

El fiscal del ministerio público  presentó pruebas testimoniales, fílmicas y documentales que hacen responsables del asalto a tres ex dirigentes de la Policía guatemalteca: el tercer jefe inspector general, Paniagua Cordero, el primer jefe de la Policía, Gonzalo Vázquez Pérez y el propio Pedro García Arredondo. Los dos primeros han fallecido ya, por lo que el exjefe del Comando Seis será el único que pueda ser procesado. Entre las pruebas aportadas se encuentran grabaciones de aquel día, en las que se ve a Arredondo dirigiendo el operativo y documentos del archivo histórico de la Policía, en los que se informa de que los organizadores fueron ellos. “Creemos que con este proceso se hace justicia a los ciudadanos guatemaltecos y españoles que fallecieron en el incendio, así como a sus familias”, señala el Ministerio Público.

Pedro García Arredondo fue detenido ya en julio de este año por la desaparición en 1981 del estudiante Edgar Sáenz, miembro de una organización izquierdista. El Comando Seis, que perseguía a los adversarios políticos de la dictadura, lo apresó cuando repartía boletines de prensa.

Ahora Arredondo se enfrenta a un proceso que determinará su responsabilidad en la muerte de las 37 personas en la embajada. Aquel 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos de El Quiché  tomó el edificio para protestar contra la represión llevaba a cabo el ejercito de Guatemala durante el gobierno  del general Romeo Lucas García (1978-1982). Pese a las órdenes del embajador español, Máximo Cajal, de que las fuerzas del orden no intervinieran, los agentes irrumpieron en el edificio. Los campesinos, que hasta el momento habían mantenido una actitud pacífica, arrojaron entonces un cóctel molotov y la policía comenzó a disparar. “Murieron porque así lo quiso el Gobierno de Guatemala”, declaraba el diplomático a El PAÍS en una entrevista un año más tarde. “Todos hubieran podido salir con vida si se me hubiera permitido negociar con los ocupantes, si la Policía no los hubiese acosado hasta la desesperación (…) Si entonces afirmé que la Policía había actuado brutal e irresponsablemente, hoy añadiría que también lo hizo deliberadamente”.

La nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó en 1999 una denuncia ante los juzgados de la Audiencia Nacional en la que calificaba de genocidio, torturas, terrorismo, asesinatos y detenciones ilegales los hechos ocurridos en Guatemala entre 1978 y 1986. Entre ellos, incluía el asalto a la Embajada española, donde falleció Vicente Menchú, su padre. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pidió al Gobierno en 2006 que solicitase la extradición de varios ex altos cargos de Guatemala, entre ellos la de García Arredondo. La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, resolvió en diciembre de 2008 que la Audiencia Nacional de España no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos y dejó sin efecto las órdenes de detención y extradición solicitadas.