La Fundación Rigoberta Menchú Tum lleva mucho tiempo esperando esta resolución judicial. Desde 1999, en que a petición de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, la Justicia de España tramitó una demanda penal en contra del General Efraín Ríos Montt, entre otros, la cual dio a lugar en 2006 al auto del juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, que imputa a Ríos Montt y otros la comisión de los delitos de genocidio, torturas, terrorismo, detenciones ilegales, y se ordena la orden internacional de busca y captura, que hoy en día se mantiene vigente, a pesar de que a finales de 2007 la Corte de Constitucionalidad declaró "improcedente" la persecución penal española en contra de Ríos Montt y otros.

En estos momentos no se ha hecho más que iniciar el camino que sabemos es largo y complicado, en el cual el sistema de justicia guatemalteco deberá demostrar qué tanto es capaz y qué tanta voluntad tiene para juzgar crímenes como el genocidio y otros de lesa humanidad, que, pese a quienes les pese, no son amnistiables ni están contemplados en la Ley de Reconciliación.

También esta resolución es un reto, tanto para el Ministerio Público como para los querellantes y otras organizaciones, entre ellas la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que deberán probar de un modo indubitable la comisión de dichos delitos. No es tarea fácil, pero estamos comprometidos en ella. Aprovechamos para saludar la infatigable lucha de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Seguramente la justicia, la paz y la reconciliación pasan por estos esfuerzos que sin duda son un aporte invaluable para Guatemala.



Guatemala 27 de enero de 2012