El amparo fue presentado además de Menchú y Ramizzini por Francisco Javier de León, Carmen Francisca Mejía Aguilar y Maudilia Lopez Cardona, el cual fue entregado a juez competente.  También figuran como asesores y  signatarios del mismo,  la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, a través de su asesor jurídico,  el amparo va dirigido en contra del informe remitido por el ejecutivo a través de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del  Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-

El pasado 23 de junio la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno de Guatemala la suspensión de actividades de la mina Marlin, ubicada  en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos y requirió varias acciones, tales  como descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades afectadas por la mina y asegurar el acceso al líquido vital para consumo humano.

La solicitud de las medidas cautelares por parte de la CIDH se hizo a favor de 18 comunidades mayas, debido a las violaciones de dicho proyecto minero en contra de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Ante esa orden el Ejecutivo emitió un comunicado en el que señaló que el Estado atendería dicha decisión, para cumplir con los compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos, sin embargo, no detalló el método y plazo para ejecutar la suspensión.

De acuerdo con Menchú, el incumplimiento de esa medida afecta a varias comunidades. “No es papel del Estado, y mucho menos del presidente, juzgar la situación, sino transmitir a la mina la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es para salvaguardar la vida y seguridad de las personas”, manifestó. Añadió que dirigentes y comunitarios están indefensos.

Javier De León, líder comunitarios, señaló que esperan que el Gobierno cumpla con el mandato internacional. “Se ordena suspender las operaciones, pero el Gobierno no quiere cumplir y la vida de las personas en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, sigue amenazada”, expresó.
Agregó que la conflictividad en el área se ha incrementado, ya que amenazan a los empleados de la mina para que defiendan sus trabajos.


► Ver copia del amparo presentado